Como morra chihuahuense que vivió parte de su adolescencia y entrada a la adultez en el sexenio de Calderón, la violencia armada no me es ajena. Los mensajes de precaución para no pasar por ciertas zonas de la ciudad donde se escuchaban detonaciones de armas eran muy comunes y tampoco era raro escuchar balaceras a cuadras de mi casa cada tercer día o ver camionetas de la SEMEFO en una plaza comercial.
Todo eso ya formaba parte de nuestra cotidianidad hace unos once o doce años. Durante ese tiempo —específicamente en el 2010— el estado de Chihuahua concentró un cuarto (6,431) del total de los homicidios que sucedieron en el país (de acuerdo con datos del Registro de Mortalidad del INEGI) y casi seis de cada diez asesinatos de mujeres se cometieron con un arma de fuego.
Recordemos, por ejemplo, a Marisela Escobedo, quien fue privada de su vida mientras reclamaba el esclarecimiento del asesinato de su hija Rubí afuera del palacio de gobierno del estado.
¿Cómo llegamos acá?
La escalada de la violencia que vivimos con Felipe Calderón fue consecuencia de sus estrategias para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. A partir del 2007 comenzó a militarizar varias zonas del país con el objetivo de reducir la violencia, sin embargo, en tan solo cuatro años de haberlo hecho, la tasa de asesinatos por cada 100 mil personas se triplicó (pasando de 8.1 a 23.6). Desde entonces, este indicador no ha regresado a los niveles que se registraban antes de la guerra contra el narco.
Esta realidad se relaciona con la gran disponibilidad de armas en circulación que hay a nivel nacional. Para darnos una idea, se calcula que existen alrededor de 16 millones de armas en todo México y, si fuéramos a repartirlas de manera equitativa entre todos los hogares, aproximadamente cuatro de cada diez tendrían acceso a alguna. Cabe señalar que las personas que han adquirido algún arma como medida de protección contra la delincuencia son, en su mayoría, hombres.
¿Quiénes están en mayor riesgo y por qué?
La guerra contra el narco significó una reconfiguración de la violencia homicida, principalmente en el caso de las mujeres jóvenes. Antes de la guerra, en 2006, el 41.7% de los asesinatos de mujeres de 20 a 29 años de edad se llevaban a cabo a mano armada. Durante el aumento de la violencia, en 2010, este porcentaje subió a 61% y en las cifras más recientes —de 2020— esta proporción representa casi siete de cada diez asesinatos de mujeres jóvenes, quedando por encima de cualquier otro rango de edad.
Otra característica que cambió durante la guerra fue el lugar donde suceden estos incidentes. Antes de 2007 era más común que los asesinatos de mujeres se perpetraran dentro de sus propios hogares, sin embargo, a partir de 2009 esta tendencia se revierte.
Actualmente el 70.7% de los asesinatos de mujeres jóvenes que se perpetran con un arma de fuego suceden en las calles. Estos datos también nos recuerdan el caso reciente del feminicidio de la cantante Yrma Lydya, de 21 años de edad. Ella fue asesinada presuntamente por su exesposo —quien iba armado— en un restaurante de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
Otra variable a la que hemos puesto atención al analizar los datos sobre homicidio es el estado civil de las víctimas. Esto también se ha transformado con el paso de los años. Lo que nos indican los datos como patrón general es que, a partir de 2010, la proporción de mujeres casadas que morían a causa de una detonación por arma de fuego fue disminuyendo, hasta llegar al 20.6% en 2020, siendo que en el año 2000 esta proporción alcanzaba un 41.8%.
En contraste, la proporción de mujeres solteras —no casadas o en unión libre— aumenta con el paso de los años: mientras que en el 2000 representaban el 34.9% de los asesinatos, para 2020 este porcentaje subió a 45.1%. Esta tendencia se acentúa de manera importante en las mujeres de 20 a 29 años de edad. Para 2020, el 58.5% de las mujeres jóvenes que fueron asesinadas con un arma de fuego, no se encontraban en una relación.
Las entidades con mayor violencia
Si lo vemos por entidad, también notamos una diferencia en la manera en que se llevan a cabo los asesinatos dependiendo del área geográfica. Los datos para el último año indican que, si bien Chihuahua sigue concentrando un porcentaje importante de los homicidios, se le suman Guanajuato —ocupando 14% del total de los asesinatos ocurridos en 2020—, Estado de México, Baja California y Michoacán.
Durante los últimos años estas regiones han sido protagonistas de la violencia armada en el país, misma que, lógicamente, también ha alcanzado a las mujeres. Por ejemplo, en Guanajuato y Michoacán, ocho de cada diez asesinatos de mujeres jóvenes son con armas de fuego.
Y bueno, ¿qué hacemos?
Los datos muestran que existen ciertas condiciones –entre ellas edad, geografía y estado civil– que aumentan la probabilidad de que una mujer sea víctima de violencia armada, pero lo cierto es que mientras no existan políticas que aborden el descontrol y la gran disponibilidad de armas, este problema será cada vez más común.
Si a esto le sumamos la posible aprobación de iniciativas como la presentada recientemente por Alejandro Moreno, presidente del PRI, donde se incentiva la adquisición de armas de manera fácil para “defenderse contra la delincuencia”, es claro que estamos corriendo en esteroides hacia la dirección equivocada.
Sabemos que la situación de inseguridad en el país es delicada y llena de contrastes. No es lo mismo vivir en la Benito Juárez que en San Fernando, Tamaulipas. Las estrategias para salvaguardar la seguridad pública no son unitalla. Ni unigénero.
Algunos prioridades para frenar la violencia armada
Desde Intersecta pensamos que éste es un camino muy complicado, pero junto con Data Cívica, Equis Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos, hemos pensado algunas prioridades:
● Mejorar los datos disponibles sobre homicidios.
Aunque las estadísticas que cada año brinda el INEGI nos dan un panorama general sobre lo que está sucediendo, nos hacen falta datos. Y esta información faltante nos ayudaría mucho, por ejemplo, para saber si la víctima había vivido violencia familiar antes de ser asesinada.
● Frenar el avance de la militarización de la seguridad pública.
Existe suficiente evidencia de que poner a los militares en la calle a realizar actividades policiales, solamente aumenta la violencia, incluida la violencia letal armada contra las mujeres.
● Incidir para un mayor presupuesto a los refugios.
Con base en los datos sabemos que la violencia que sucede en las calles también entra a los hogares. En este sentido, sabemos que a mayor disponibilidad de armas, más letal se puede convertir la violencia familiar. Es básico contar con refugios suficientes para las mujeres que lo necesiten.
Estas son solo algunas de las razones por las cuales como morras, como feministas, nos debe importar el impacto de la violencia armada. Si queremos prevenir y reducir los feminicidios, así como los asesinatos de mujeres en general, el elefante en el cuarto es éste.