«I die where you vacation»: la lucha por el aborto legal en República Dominicana

En medio de sus paisajes y playas paradisiacas, República Dominicana es uno de los países con más violencia machista en donde el aborto es ilegal y la violencia contra las mujeres va en aumento. 

Fotografía. Leon Ell’

Por: Ciguapa

«I live where you vacation» (vivo en donde tu vacacionas) es una frase muy popular en mi país, República Dominicana, conocida por tener el primer hospital, la primera catedral y la primera universidad de todo el continente americano. 

Es famosa por sus hermosas playas, por su sol ardiente, por el merengue y la bachata que bailan hasta en Japón. 

«Quisqueya la bella», le suelen decir, como si hablaran de una mujer hermosa y poderosa. Pero en este país, la primera colonia del «Nuevo Mundo», las mujeres y disidencias carecen de derechos reproductivos, sobre su cuerpo y sexualidad. 

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Republica Dominicana es uno de los cinco países en América Latina -junto con El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua- donde el aborto está prohibido en todas sus causales.

El aborto es ilegal en la República Dominicana incluso cuando un embarazo pone en peligro la vida, es inviable o es el resultado de una violación o incesto.

En el 2012, a Rosaura Almonte Hernández, una joven embarazada de 16 años diagnosticada con leucemia, se le prohibió buscar quimioterapia por temor a que el tratamiento pudiera dañar a su feto. Finalmente, los médicos cedieron y comenzaron la quimioterapia, pero Hernández murió pronto. Su caso fue incluido en un informe de Human Rights Watch de 2018.

Un nuevo código penal que falló en la despenalización del aborto

En marzo de este año, en República Dominicana se sometió a votación lo que los legisladores y oficiales del Estado llamaron «un Código Penal moderno».

Se esperaba que dicho código incluyera la despenalización del aborto en sus tres causales: que represente un riesgo para la vida de la mujer, sea producto de una violación o incesto, o que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Las mujeres dominicanas se plantaron -en espera de la resolución- frente al Congreso el 8 de marzo de este año en un campamento que llamaron «Campamento de la dignidad» para exigir al presidente Luis Abinader la despenalización del aborto en al menos tres causales.

La introducción de esas causales es una cuestión de vida o muerte y protección de derechos humanos en un país donde las muertes maternas aumentaron un 20% el año pasado, se han registrado 25 mil casos de complicaciones del embarazo relacionadas con abortos inseguros en hospitales públicos y el país tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas del continente.

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Sin embargo, el miércoles 30 de junio, tras la votación en la Cámara de Representantes, la despenalización del aborto no fue aprobada.

El campamento feminista permaneció por 75 días, dando la cara y enfrentándose a toda clase de ataques morales.

Según el Código Penal aprobado en junio del 2021, la mujer o persona gestante que consienta o que se practique un aborto puede ser sentenciada a prisión de 2 a 5 años. 

«La despenalización del aborto no resuelve el dilema ético que las mujeres puedan tener sobre el aborto, pero garantiza que puedan tomar su propia decisión. No es obligar a abortar, es permitir elegir», dice la abogada feminista Ivanna Molina Peña.

La cuestión no es si el aborto clandestino es inseguro o no, sino que las niñas son obligadas a dar a luz en un país en donde no hace mucho la pedofilia todavía era legal. 

Ese mismo código deja a la objeción de conciencia la cuestión de la discriminación por color de piel, discapacidad y orientación sexual. Esto ha permitido que, en un país donde la Iglesia Católica tiene poder político, las personas de las comunidades LGTBQ+ no puedan entrar a ciertos lugares privados.  

La violencia sistemática contra las mujeres en República Dominicana 

En 2013, República Dominicana tuvo la tercera tasa más alta de feminicidios del mundo. 

A pesar de que hace más de 20 años ratificó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y que el gobierno adoptó un Plan Nacional de Derechos Humanos para 2018-2022, la violencia contra las mujeres continúa. 

En 2019, por ejemplo, 58 mujeres fueron asesinadas, entre ellas la abogada Anibel González, cuyo asesinato desató manifestaciones a nivel nacional para exigir una legislación sobre feminicidios.

Entre 2005 y noviembre de 2019, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce 1,295 feminicidios, pero esas cifras están lejos de las publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que, en un período más corto, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha registrado 1,795 mujeres asesinadas en República Dominicana.

Además de 5,417 denuncias de agresiones sexuales en 2019, con 1,106 denuncias de violación.

Según Amnistía Internacional, República Dominicana no recopila datos que puedan ayudar a determinar el alcance de las violencias contra las mujeres, incluidos los actos policiales inapropiados. 

República Dominicana, paraíso del turismo sexual 

Sumado al complejo turístico que parece ser la isla, el turismo sexual (especialmente donde se abusa de menores, especialmente niñas) se expande como una de las demostraciones más ruines de racismo y misoginia, en la que turistas -mayormente- se aprovechan de las dificultades económicas de las mujeres y niñas de la isla.

La República Dominicana se ha ganado la reputación de ser un importante destino de turismo sexual a nivel internacional, a pesar de que la mayor parte de la actividad se lleva a cabo en ciudades costeras pobres (particularmente Las Terrenas, Cabarete, Sosúa y Boca Chica), donde las mujeres tienen menos oportunidades económicas que en los pueblos y ciudades más grandes del país. 

Muchas trabajadoras sexuales en algunos lugares son de ascendencia haitiana. Las dominicanas más claras son preferidas en los sitios de turismo sexual que las haitianas más oscuras, que se ven obligadas a trabajar en las calles o en los pubs locales en lugar de en los lugares más lucrativos y de alto nivel.

Las violencias heredadas por la colonia 

El turismo sexual, los feminicidios y la violación de los derechos de identidad, sexuales, reproductivos de las mujeres, las personas gestantes y personas de la comunidad LGBTQ+ en la República Dominicana, descrita como el laboratorio de la colonialidad por la antropóloga Ochy Curiel, son una herencia directa de la violencia colonial sufrida por el pueblo taino y subsecuentemente por las personas africanadas raptadas de su tierra de origen hace más de 500 años. No es una coincidencia. 

Las violencias contra las mujeres negras de tez oscura y campesinas pasan desapercibidas en un país cuya metrópoli y gobierno se concentra en Santo Domingo, junto con su clase media y alta, cuyas caras son claras y, en muchos casos, hasta blancas. 

Todxs abortamos, pero esas mujeres pueden abortar sin ser penalizadas ni condenadas a prisión gracias a su estatus económico.

En Republica Dominicana, el Estado y los organismos de justicia desempeñan sus papeles muy bien: irónicamente, mientras penalizan el derecho al aborto, se mantienen inertes en cuanto a los feminicidios, abusan de las trabajadoras sexuales y criminalizan a las personas homosexuales, bisexuales, trans y queer. Son organismos de control y como tales nos destinan a la muerte. Al final, la policía no nos cuida.