Alerta que camina: cómo continúa la lucha feminista en Argentina

Ya es ley, pero ¿puede Argentina realmente garantizar el derecho al aborto legal? Algunas colectivas nos cuentan cuáles son los principales retos por delante.

garantizar aborto legal

Por: Flavia Fiorio

El 29 de diciembre de 2020 Julieta Bazán, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Argentina, estaba emocionada. El aborto se acababa de aprobar en su país tras años de activismo

Ese día fue, para las feministas, una fiesta. Después de un año agotador de pandemia, violencia de género incrementada por el encierro y volver a luchar por un derecho negado hace años, el brindis de fin de año tuvo más sentido que nunca. “Lo hicimos, compañeras” se escuchaba en las calles. 

Sin embargo, entre pañuelos verdes agitándose, abrazos sororos -fueron días imposibles para la distancia social- y tapabocas aborteros, las colectivas que lucharon por el aborto legal durante tantos años sabían algo: la lucha feminista no terminaba acá.   

“Ese día lo viví con mucha emoción. Fue una alegría poder finalmente tener la ley y cuestionar el modelo hegemónico del sistema de salud que, durante tantos años, hacía que el profesional decida sobre las vidas de las personas”, dice Julieta.

Pero no se olvida de aclarar: “Lo que sí sabemos es que ahora hay un nuevo desafío: la implementación concreta de la ley. Hay que garantizar que se cumpla el derecho. La legalización fue la puerta de entrada a un desafío que, por supuesto, estamos dispuestas a afrontar”.

Ya es ley… ¿qué sigue?

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ya está llevando a cabo algunas actividades. Por ejemplo, hacen capacitaciones para los efectores del aborto legal y les enseñan el abordaje integral de la salud.

Además, se articulan con organizaciones sociales y feministas como Socorristas en Red para trabajar en espacios (provincias, municipios) en donde no hay efectores de salud que garanticen el derecho. También se reúnen con secretarías estatales y con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Por su parte, las integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunirán en plenaria para analizar cómo deben continuar, después de 15 años de lucha organizada. 

Yamila Picasso, integrante de la campaña, nos dice que “el objetivo principal por el que se había armado la campaña se ha cumplido con esta ley, así que es necesario cerrar una etapa pero también garantizar el triple lema que siempre tuvimos: educación sexual para decidir, anticoneptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Con una nueva etapa por delante, la Campaña seguirá o se reinventará pero sin perder sus objetivos de vista: que se garantice el derecho conquistado. 

Eso sí, aclara Yamila, “quien debe hacerse cargo de difundir y garantizar esta ley y este derecho es el Estado: el nacional, provincial y el municipal. Nosotras trabajamos en la difusión y estamos en total alerta si hay trabas u obstáculos pero es el Estado el que debe dar promoción y difusión del derecho conquistado y quien debe, además, capacitar y formar profesionales de la salud que puedan hacer la práctica”.

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¿Qué significa garantizar el aborto legal?

Uno de los puntos que más preocupa a las colectivas feministas para la correcta implementación de la ley 27.610 de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) son los artículos 10 y 11, donde se reglamenta la objeción de conciencia.

Estos artículos dicen que, cuando la persona profesional de la salud no quiera realizar un aborto, puede negarse  siempre y cuando la vida de la persona gestante no esté en peligro. A lo que no pueden negarse es a prestar atención postaborto y tienen la obligación de derivar a la persona gestante a un centro de salud donde sí le vayan a hacer la práctica.

Un derecho individual y una obligación institucional

En ese sentido, Julieta Bazán nos dice: “Si bien es un punto de la ley que nos preocupa, hay que resaltar que en la reglamentación misma se aclara que la objeción de conciencia es un derecho del profesional de manera individual. Yo creo que esto es lo que más hace falta trabajar. Son las personas quienes tienen esa potestad de objeción de conciencia pero no las instituciones, que sí o sí deben garantizar el derecho o, en todo caso, derivar”.

Argentina es un territorio extenso y la objeción de conciencia puede causar problemas: en el sur las distancias son muy largas y hay pocos profesionales dispuestos a realizar un aborto. Por tanto, quienes quieren acceder a la práctica tienen que viajar muchos kilómetros para encontrar un efector dispuesto.  En el norte, la situación es similar. 

En el área metropolitana de Buenos Aires también hay problemas porque, aunque hay más efectores, también más demanda, por la densidad poblacional.

Todo esto lo identifica Julieta mientras cuenta que, ante esto, las colectivas no se dejan de organizar: “La articulación entre organizaciones es fundamental y también, claro, con organismos estatales para que no falten los recursos, el misoprostol, las camas disponibles en el hospital”.

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El acceso a misoprostol

Pero la objeción de conciencia no es el único punto que las feministas identifican como un problema a tratar, como nos dice Magui Fernández Valdez, del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol

“La preocupación que tenemos por delante, además de la real implementación a nivel federal, es el precio del misoprostol en farmacias, la producción pública de este medicamento y la inversión científica para alcanzar avances en relación al tema. El camino por delante es largo”.

El 29 de diciembre comenzó otro paso en la lucha y ahora las colectivas se organizan para que quede claro lo que se votó ese día: que el aborto, en Argentina, es legal.