Hace tres años, María Elena Ríos sobrevivió a un ataque con ácido que buscaba terminar con su vida. Desde ese 9 de septiembre de 2019 ha luchado por justicia, para ella y otras víctimas de violencia feminicida, y también por la reparación total del daño que le fue causado.
En México, en lo que va de este año, se han registrado al menos 47 ataques a mujeres con sustancias corrosivas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Ante la ineficacia de las instituciones, «muchas mujeres me escriben y me piden ayuda», dice María Elena.
Ella misma ha atravesado la negligencia gubernamental, no solo porque el hombre que identificó como autor intelectual no ha sido detenido, sino porque –como ella denunció a través de sus redes sociales– el gobierno de Oaxaca recientemente le notificó que ya no le brindaría apoyo para costear sus tratamientos médicos y cirugías.
«Mi primer shock cuando me echaron el ácido fue pensar que ya no iba a ser bonita… ahora me siento muy guapa, aunque tenga las cicatrices. Aprendí a amarme, a aceptar mis cicatrices»
María Elena Ríos
Desde el día en el que fue atacada por dos hombres en su casa, en Huajuapan (Oaxaca), Elena ha recibido tres cirugías y diversos tratamientos dermatológicos para recuperar la funcionalidad de su cuerpo y buscar la apariencia que tenía antes del intento de feminicidio.
«No es vanidad», dice María Elena en entrevista. Y además reconoce que la mayoría de las mujeres que sobreviven a estos ataques no pueden costear los tratamientos, que generalmente implican cirugías, hospitalización, tratamientos que se tienen que realizar periódicamente y que «son dolorosos, costosos, pero efectivos».
Los costos (emocionales y monetarios) de sobrevivir a un ataque con ácido
Las sobrevivientes de ataques con ácido sufren enormes traumas físicos y psicológicos, pues «los perpetradores buscan avergonzar a sus víctimas, empujándolas a un aislamiento social extremo al desfigurarlas», de acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International (ASTI).
La mayoría de las agresiones están dirigidas a la cara y la recuperación es larga, compleja y muy dolorosa, tanto a nivel físico como mental, detalla la organización.
En el caso de María Elena, sus tratamientos consisten en procedimientos con láser que la dejan en reposo por al menos una semana. «Además, es revivir la experiencia de sentirte nuevamente quemada y la impotencia de (pensar) que no había necesidad de vivir con tanto dolor».
Para ella recibir atención médica también ha implicado gastos de transporte y comida porque la mayoría de los procedimientos son fuera de Oaxaca. Además de «comparecencias (legales) y situaciones que me han impedido retomar mi vida».
Un agravante al costo emocional es el dinero que requieren los tratamientos. Una consulta dermatológica, por ejemplo, puede variar desde $500 hasta $1,800. Y los tratamientos con láser y anestesia general pueden llegar hasta los 70 mil pesos por hora. A ello se suman los costos de los medicamentos tópicos para dar continuidad al tratamiento, que cuestan hasta más de 2 mil pesos.
Además, las sobrevivientes de la llamada «violencia ácida» también experimentan estrés postraumático. En el caso de María Elena, a 1095 días del ataque, las noches de tranquilidad no han regresado. Sobresaltos al dormir, estrés y falta de sueño, son parte de una cotidianidad con la que ha aprendido a lidiar.
María Elena Ríos: La justicia que no llega
Aunado a los procedimientos médicos periódicos, María Elena asumió la responsabilidad de su proceso legal con la asesoría de la abogada Diana Cristal González Obregón.
«En su momento fui víctima de violencia, pero ahora me considero una sobreviviente que busca justicia. Visibilizar mi caso es mi forma de garantizar mi vida y mi seguridad, también la de mi familia», añade.
Sin embargo, María Elena dice que su proceso legal no va ni a la mitad. Actualmente, el autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, está amparado por lo que el proceso no avanza.
Y en el camino se ha enfrentado a discriminación, revictimización y corrupción por parte de jueces y servidores públicos.
En cuanto a la parte médica, a pesar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al gobierno de Oaxaca a garantizarle la reparación total del daño, María Elena denunció que dicha administración le había informado que ya no pagarían sus tratamientos médicos privados. .
A tres años del ataque, la joven afirma contundente: «Sigo siendo la misma, pero ya no soy superficial. Mi primer shock cuando me echaron el ácido fue pensar que ya no iba a ser bonita… ahora me siento muy guapa, aunque tenga las cicatrices. Aprendí a amarme, a aceptar mis cicatrices… son la prueba de mi existencia».