ECOSIG y terapias de conversión: una violación a los derechos de la comunidad LGBTQ+

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) son una realidad en México. Muchas veces impulsadas por los mismos familiares de personas de la comunidad LGBTQ+, estas prácticas son una violación de los derechos humanos con severas secuelas emocionales y psicosociales.

Ecosig
Fotografía. Benjamín Castillo

Hace ocho años, Jazz Bustamente, activista y mujer transgénero, llegó a una localidad muy cerca de Minatitlán, Veracruz. Era viernes en la noche, su destino: una supuesta hacienda, en donde se llevaría a cabo un retiro espiritual planificado por una organización religiosa. A ese retiro la invitó una conocida que un mes antes le contó que en ese mismo lugar había dejado de ser lesbiana.

«Yo le decía que eso no era posible, pero ella me insistía en ir y le dije que yo no tenía problemas en asumirme como mujer trans, pero me dijo que no importaba, que me diera la oportunidad, así que acudí porque yo tenía intereses espirituales.”

Jazz describe a esa organización como una combinación de Alcohólicos Anónimos (AA) y “Un curso de milagros”, un libro espiritual publicado en 1976.

Ese viernes partieron del puerto de Veracruz, de donde es originaria Jazz. Para la media noche, una caravana de vehículos se había sumado al mismo trayecto y, cuando llegaron al lugar, cientos de personas ya estaban reunidas ahí.

“Me dijeron que todo iba a estar muy bonito, que en ese lugar había cabañas, zona de camping y hasta una alberca”, recuerda Jazz; sin embargo, cuando llegó al lugar se dio cuenta de una serie prácticas que enseguida le alertaron que ese no era un espacio seguro, sino más bien, un lugar en donde se realizaban prácticas de conversión sexual que son parte de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).

Ecosig en México

Allí estuvo tres días sin comer, bajo violencia psicológica y dinámicas parecidas a una secta que concluyeron hasta que Jazz tuvo que decir, a la fuerza, que “renunciaba a su homosexualidad”. Era la segunda vez que le pasaba algo similar, pues dos años antes le había ocurrido en una iglesia cristiana a la que acudía habitualmente.

Aunque la historia de Jazz no es la única, la organización Yaaj. Transformando tu vida A.C, encargada de promover y proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas LGBTI+, refiere que, en México no existen estudios formales, estadísticas o registro de denuncias respecto a estos casos. Esto significa un obstáculo para hacer visible esta problemática.

“Quienes son víctimas de los ECOSIG normalizan la violencia o sienten vergüenza de la experiencia que vivieron y deciden no hacer ninguna denuncia, sobre todo porque las personas involucradas en primera instancia son sus propias familias”, explican en su dossier “Por una terapia de aceptación y no de conversión”.

No hay nada que corregir

En septiembre de 2019, en una manifestación en el zócalo de la Ciudad de México, Paola Santillán, Coordinadora de Mujeres Diversas Yaaj, compartía su testimonio ante cientos de mujeres que se manifestaban por sus derechos sexuales y reproductivos. Ella también es sobreviviente de violencia sexual, uno de los tipos de ECOSIG que se realizan como forma “correctiva”, aunque en realidad no haya nada que corregir.

Los casos de Jazz y de Paola no son aislados, puesto que los ECOSIG todavía son una práctica vigente en México porque sigue existiendo un “estigma que piensa que las personas que no son heterosexuales o cisgénero son incorrectas o que están enfermas; esto pese al avance a los derechos humanos y al reconocimiento de las disidencias sexuales”, abona Sofía Jiménez Poiré, coordinadora del programa Identidad Sexual en Balance A.C.

Ella explica que el acrónimo de ECOSIG no es sinónimo de las llamadas “prácticas de conversión”, sino habla de una diversidad de realidades ya que los esfuerzos para normar la identidad de género de una persona no se dan solo bajo tratamientos pseudopsicológicos, sino también se mezclan varias dinámicas que se vinculan a procedimientos religiosos o de algún tipo de fe y procedimientos médicos y físicos.

“Es decir, en varias ocasiones se conoce que ha habido personas que fueron sometidas a terapias de electroshock, privadas de agua, alimento y que son encerradas y físicamente atacadas con la intención de torturarlas hasta que pronuncien o den señales de haber normado su sexualidad e identidad. A la población lésbica se les hacen las llamadas violaciones “correctivas” , en donde a través de la violencia sexual intentan cambiar la conducta sexual.”, señala la también socióloga.

Violación de derechos fundamentales

Hay organizaciones que se dedican a hacer ese tipo de esfuerzos y que tienen grandes cantidades de financiamiento para llevar a cabo estas prácticas, por eso, para Jiménez Poiré es importante saber que son esfuerzos altamente organizados que se realizan en diferentes niveles de publicidad y que pueden ser más comunes en ciertos grupos como los religiosos o pseudopsiquiátricos.

“Hemos visto que llegan a hacer publicidad en aplicaciones como Grindr, pues saben cómo conseguir a personas de la disidencia sexual.”, revela.

Sin embargo, la especialista de Balance A.C. detalla que hay otros tipos de ECOSIG que no están tan organizados, son mucho más comunes y que no deben desestimarse porque también son peligrosos. Estos tienen que ver con jóvenes de la disidencia sexual a quienes, desde sus hogares o sus personas más cercanas, se les ejercen otros tipos de violencias como la económica, patrimonial o psicológica, con el fin de modificar su conducta sexual e identitaria.

Jiménez Poiré recuerda que, cuando se habla de los ECOSIG, se habla también de múltiples violaciones a derechos fundamentales como el libre movimiento, pues los grupos que se dedican a realizar estas prácticas suelen encerrar a las personas contra su voluntad; además se coarta el derecho a la integridad personal, a la seguridad, a la no discriminación y a la dignidad humana.

ECOSIG en el Código Penal mexicano

En 2020, la Ciudad de México y el Estado de México se convirtieron en las únicas dos entidades en donde los ECOSIG ya son incluidos en el Código Penal; en la CDMX la sanción para quienes los ejercen va de 2 a 5 años de prisión y para el Estado de México la pena va de uno a tres años.

Actualmente, en el Senado de la República existe una iniciativa homóloga para hacer Reformas al Código Penal Federal para prohibir los Delitos contra la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Personas. Aunado a ello, en Jalisco y Quintana Roo ya se encuentran iniciativas de leyes en sus congresos locales.

Para algunas organizaciones, estas medidas han significado un esfuerzo que debe seguir impulsándose para que en todo el país se sancione y castiguen estas prácticas.

“Las terapias de ‘reconversión’ o ‘reparativas’ y las clínicas que las ofrezcan deben ser vetadas y denunciadas para la aplicación de las sanciones que correspondan. Así mismo cualquier persona que ofrezca este tipo de “tratamientos” deberá ser considerada por el Estado como infractora del derecho a la salud y por causar daños al bienestar individual y comunitario”, asevera la organización Yaaj. Transformando tu vida A.C.

Aunado a esto, el Estado debe generar políticas integrales para la prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas.

Un enfoque antipunitivista

Para Sofía Jiménez Poiré, desde los feminismos antipunitivistas y anticarcelarios, que suelen ser antirracistas y decoloniales, consideran que estas tipificaciones penales no son equivalentes a pedir justicia, por los altos índices de impunidad y corrupción que existen en el sistema de justicia en México; además de que si se prohíben se vuelven más clandestinos y puede ser más difícil encontrar estos centros de ECOSIG.

“Entendemos el deseo de castigar a todas las personas que violentan a la población por estos ECOSIG, pero no estamos seguras de que el castigo pueda ser considerado justicia. Nos preocupa más bien que sea un espectáculo político para lavarse las manos desde los congresos y consideren que ya se atendió la agenda de la diversidad sexual”.

Para ella, es necesario apostarle a una Educación Integral en Sexualidad (EIS) sólida y universalmente accesible, así como políticas públicas con suficiente presupuesto para erradicar el problema de raíz. Con la postura de Balance A.C. también coincide Yolanda Molina, abogada y activista hidalguense, quien refiere que el derecho penal y la cárcel no solucionan problemas estructurales.

En su artículo “El fracaso de la tipificación de las ECOSIGs”, Yolanda Molina señala que no se necesita tipificar estas prácticas porque en los Códigos Penales ya se consideran como delitos la privación ilegal de la libertad, la violencia sexual, la tortura, entre otros, que se pueden aplicar cuando se presenta un caso de ECOSIG.

Las secuelas emociones de los ECOSIG

Las prácticas de ECOSIG de las que Jazz Bustamante es sobreviviente le ocasionaron depresión. Con el tiempo fue sanando y ahora es activista, defensora de los derechos humanos y también acompañante de sobrevivientes de los ECOSIG. Sin embargo, diez años después de lo que vivió esto sigue sucediendo, justo hace una semana tuvo que darle acompañamiento a una chica que recibió electrochoques por ser lesbiana.

Mateo Gorga, hombre trans, psicólogo especialista y colaborador de la Red de Familias Trans, afirma que el daño psicológico es tremendo por las torturas que significan estos procedimientos: ansiedad, depresión, prácticas sexuales de riesgo, incremento de la intención suicida y uso de drogas.

“Por eso, el acompañamiento psicológico que se debe dar después es indispensable, no solo al saberse sobreviviente a estos ECOSIG, sino también al contexto en el que se ha hecho, porque es muy probable que haya sido un familiar el que llevó a esa persona”, explica Gorga.

Para el especialista es indispensable que la persona sobreviviente tenga una red de apoyo sólida, que pueda acompañarla en el mejoramiento de su autoestima, escucharle y darle tiempo para cuando esté lista, incluso si decide llevar a cabo alguna acción legal.

“En un país en donde la salud mental es deficiente, es urgente que más personas alcen la voz ante dicha situación para poder perseguir a estas personas que lo realizan y pronunciarse en contra de los ECOSIG. Nos urge, como psicólogos, seguir un marco basado en Derechos Humanos”, concluye.