Te contamos de la campaña Liberarlas es Justicia y de cómo la situación en los centros de reclusión pone en mayor peligro a las mujeres privadas de su libertad.
Por: Yelitza Ruíz
Recientemente, las feministas Angela Davis y Naomi Klein participaron en una videoconferencia. Hablaron, entre otras cosas, de la construcción de movimientos en medio de la crisis.
Por supuesto, se abordó cómo la emergencia sanitaria por Covid-19 afecta a las mujeres. También la urgente necesidad de una descarcelación no solo por el bien de los que están en las rejas sino por la salud de todas.
Estas reflexiones son muy pertinentes a la situación actual del sistema penal y el sistema penitenciario en México, como han hecho notar las defensoras de derechos humanos de nuestro país.
De forma específica, debemos hablar del impacto que esto tiene en las mujeres que son sentenciadas y recluidas en los centros de readaptación social.
El derecho a la salud y el derecho a la reinserción social
Con anterioridad varios informes de activistas han señalado que el estado de derechos humanos de estos centros, dejando claro que las condiciones de salubridad no son las óptimas.
¿Qué hace el Estado frente a esta emergencia sanitaria?, ¿cómo protege el derecho a la salud de internas, personal y familias que visitan?
No muy bien: hace unas semanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2020 al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
La recomendación es resultado de las precarias condiciones en las que se encuentran las áreas destinadas para mujeres, sus hijas e hijos, en los centros penitenciarios de Ensenada, Mexicali y Tijuana.
La CNDH se sustenta en el derecho humano a la reinserción social, fundamentado en el artículo 18 de la Constitución en México. El informe asegura que en los centros penitenciarios se viola no solo el derecho a la reinserción sino a la protección universal de la salud.
Esta primera acción debería constituir una alerta para que el resto de los estados garantice a las mujeres en reclusión condiciones que no atenten contra sus derechos humanos básicos.
Por muchos años, las organizaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos de las reclusas han denunciado que los centros penitenciarios no reúnen las condiciones de infraestructura ni de sano funcionamiento que pide la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 9 y 10.
Por eso, ante la emergencia sanitaria, el riesgo de contagio y propagación es mayor que entre la población en general, un foco latente que las autoridades no han priorizado en su agenda de salud pública.
Finalizar encarcelamiento injusto
En este panorama, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Equis: Justicia para las Mujeres, han propuesto una serie de mecanismos para poner fin al encarcelamiento injusto de mujeres mediante la campaña Liberarlas es Justicia.
Estas organizaciones aseguran que la mayoría de las mujeres han sido víctimas de la política de drogas que se implementó en el sexenio del 2006.
Sus datos revelan que a la fecha hay 3018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud. En su mayoría, ellas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que el Estado no consideró por qué fueron involucradas en estos delitos.
Es decir, no tomó en cuenta la situación de precariedad económica a la cual estaban sometidas. Que es producto del eterno rol de género que es asignado a las mujeres y que las obliga a cumplir roles de cuidadoras y de obediencia.
Esto, a su vez, las pone en una posición de desigualdad brutal frente a los otros.
Al no ser considerados estos detalles durante el proceso, se irrumpe la supuesta neutralidad de la ley, ya que las leyes aún tipifican los delitos según el deber ser de cada persona hombre/mujer, dejando clara la repercusión de la heteronorma en las leyes. El obsoleto sistema penal mexicano que actúa todavía sin perspectiva de género.
Liberarlas es Justicia
La campaña Liberarlas es Justicia propicia un debate importante sobre la amnistía frente al derecho punitivo y a las formas de reinserción social con las que actualmente operan los centros penitenciarios.
Su propuesta se centra en los siguiente:
1.- Establecer un mecanismo legal para la liberación de las mujeres que están encarceladas que han sido víctimas de la política de drogas, muchas de cuales están en situación de vulnerabilidad.
2.- Implementar estrategias integrales de reinserción social, para que las mujeres tengan más opciones de vida.
3.- Transitar a políticas de drogas integrales, que prioricen la salud pública y los derechos humanos de las mujeres.
Esperan que con esto que se emprenda una nueva política pública de reinserción social para las mujeres privadas de la libertad. En especial aquellas que están encarceladas por delitos no violentos contra la salud como resultado de una fallida política de combate a las drogas.
Si te interesa contribuir a la campaña, puedes firmar la petición y compartir la propuesta. Es un primer paso para encontrar una justicia social con perspectiva de género por la que tanto han trabajado muchas abogadas.
Socializar todas las problemáticas que ha originado la pandemia en las mujeres debe ser de atención ciudadana y de agenda pública.
Así como lo señala Angela Davis: el racismo, la vivienda, la abolición de las cárceles, todas son cuestiones feministas.
Debemos reconocer que las mujeres en todas sus diversidades, especialmente en el sur global, están a la vanguardia cuando luchamos contra esta pandemia, porque el estado nación se está volviendo cada vez más obsoleto.