En Balance buscamos que nuestro trabajo como una organización feminista sea antipunitivista y que nuestros esfuerzos abonen a una construcción de otras formas de justicia, aunque las respuestas no siempre son del todo claras. Desde esas dudas genuinas, surge este texto.
Desde nuestra experiencia de acompañamiento en casos de violencia creemos que la idea del castigo y el punitivismo no es la solución a las violencias de género, ni contribuye de ninguna manera a alcanzar una solución. Aunque aumenta el número de personas en las prisiones, los índices de violencia no bajan.
Desde nuestra visión, requerimos -como feministas y redes de apoyo- imaginar y pensar cuáles son los marcos de acción de nuestro antipunitivismo, así como sus límites. Por ello, acudimos a mujeres que trabajan el tema desde distintas perspectivas para conocer los retos, cuestionamientos y alternativas que han encontrado en sus activismos.
¿Qué tipo de consecuencias deberían enfrentar las personas agresoras?
Desde una visión punitivista, como sociedad tenemos interiorizada la idea de que quienes agreden a otra persona, ya sea en su integridad o en sus bienes, deben ser castigades pues transgreden la moralidad adoptada por la sociedad en la que viven.
¿Por qué creemos que la cárcel es justicia? Hablemos de antipunitivismo
Hemos aprendido que el único camino que existe ante una agresión es el castigo penal y el aislamiento social. Sin embargo, ese modelo no cambia el ejercicio de la violencia, ni detiene las rupturas sociales, sino que las reproduce y las hace más complejas.
Un problema central en la visión punitivista de atención a la violencia es que no ofrece alternativas que mejoren la vida de las víctimas ni de la comunidad en donde se realiza la conducta.
“El sistema punitivista es incompetente, hemos jugado a hacer que funcione la punidad. ¿Cómo le hacemos para que sea así? Cambiando policía por guardia nacional, capacitando personal, aumentando penas con fiscalías autónomas y el nivel de impunidad sigue en 97%. Esas piezas no funcionan, aunque las cambies de lugar no funcionan”, comenta Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA).
El sistema punitivo de acceso a la justicia carece de herramientas para garantizar que tanto víctima como agresor tengan respeto integral de sus derechos humanos y la restitución de los mismos. A quien vive el daño se le revictimiza de forma constante y de amplias maneras, y los agresores pierden toda posibilidad de transformación o aprendizaje. El sistema punitivo patologiza y encasilla a las personas en una categoría determinante que, lejos de dar oportunidades, inhabilita su existencia.
Al investigar sobre modelos de reparación no punitivos, encontramos que sí existen diferencias entre los conceptos de ‘castigo’, ‘consecuencia’ y ‘sanción’.
Las apuestas punitivas consideran que no sólo existe la consecuencia de una acción, si no que esta debe ser castigada, casi en una concepción judeocristiana del cielo y el infierno.
Para ejemplificar, existe una diferencia muy puntual entre agresiones que están dirigidas a cosas materiales, es decir, delitos patrimoniales; y aquellos delitos que vulneran la integridad y vida de las personas. Los delitos patrimoniales no tendrían que ser sancionados con la pena de la privación de la libertad u otras condenas que implican controlar o restringir la corporalidad de la persona, sino con sanciones materiales.
Por otro lado, para los delitos que transgreden la integridad personal deben existir tipos de sanciones que se enfoquen en reparar no sólo a la víctima, sino también a quien agrede y a todo el tejido social en conjunto.
¿Quiénes están en las prisiones? ¿Son la “gente mala” como nos dice el populismo punitivo?
Otro aspecto importante a analizar es el carácter moral que tienen estas faltas dentro del orden social. Gabriela Ortiz trabaja con mujeres privadas de su libertad y uno de los temas que aborda con ellas es precisamente la importancia que le da la sociedad a las faltas.
“Tengo varias actividades para trabajar con mujeres en prisión, una es para definir si hay mujeres malas. Yo inicio diciendo que no creo en las mujeres malas, no creo en los hombres malos, no creo en la gente mala, creo en las circunstancias, lo que pasa cuando tienes chance de decidir… pero también cuando ni siquiera tienes esa opción. Por lo tanto, pensar en castigo sería como creer que hay gente mala y no lo creo, creo en la reparación, en la restauración”.
Gabriela Ortiz
En las conversaciones que tuvimos para realizar este texto hablamos de los sistemas estructurales que tienen un papel en la impartición de justicia. Es decir, es importante observar quiénes llegan a prisión, qué edad tienen, qué racialidad, qué clase social, género, etcétera.
Como señala Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia Social, es necesario “construir opciones que consideren a las víctimas, pero también a quienes están involucrades en los delitos, las condiciones que llevan a las personas a la cárcel son condiciones modificables que están concentradas en una población en específico”.
Al respecto, Paola Zavala, explica: “Creo en todas las cuestiones estructurales que llevan a la gente -en un sistema y en la violencia que se replica y expande- a estar en una posición de riesgo de cometer delitos, pero tampoco me gusta despojar a la persona de su agencia y de la capacidad de decidir, porque probablemente si yo estuviera en ese lugar hubiera decidido lo mismo que quien cometió un delito.”
¿Cuál es la diferencia entre un sistema punitivo y uno antipunitivista?
Existe la concepción de que el sistema penal abandona a las víctimas que necesitan reparación y se centra en las personas agresoras. Pero con los testimonios y descripciones anteriores, queda claro que las personas agresoras también son olvidades por el sistema de justicia.
En las prisiones no existen las condiciones mínimas para pensar siquiera en que sea posible reparar el daño y tener un proceso de reflexión y, en última instancia, de reinserción.
Tanto las personas agresoras como sus redes familiares y sus comunidades son abandonadas. Si quien agredió tiene roles de cuidado, estos tendrán que ser cubiertos por alguien más.
En palabras de Ángela Guerrero, “un modelo no punitivo es el que pone al centro a les dos (ofensore/ofendide), si no están al centro de cualquier estrategia, ésta será punitiva. Ambas partes tienen derechos, nos guste o no, y tendrían que estar relacionados con un proyecto de vida comunitaria. Un modelo no punitivo tiene que ser comunitario, tiene que haber corresponsabilidad en las sanciones (para) fortalecer el tejido, escuchar las demandas y necesidades, pensando más allá de lo penal”.
Pero no existe una vía única cuando se habla de reparación del daño. La punitivista apuesta por el aislamiento de las personas agresoras, cualquiera que haya sido la falta cometida. La antipunitiva, que en sí misma tiene muchas vertientes, en general busca despresurizar el sistema penal, es decir, dejar de meter personas a la cárcel por delitos no violentos y no graves y reservar la pena corporal únicamente para aquellos casos en los que la falta ha sido cometida con violencia.
¿Qué acciones sí reparan el daño a las víctimas?
Desde el acompañamiento a víctimas de violencia, y como mujeres que han vivido en primera persona la violencia, nos hemos cuestionado continuamente cómo se puede acceder a la justicia, qué significa el concepto ‘justicia’ para nosotras y qué podemos hacer para garantizar la no repetición de estos actos.
Identificamos que las principales exigencias tienen que ver con la no repetición, es decir, que la conducta no se vuelva a cometer porque de manera social y estructural no existen condiciones que la propicien. También se pide el reconocimiento de la verdad de los hechos, lo que significa que quien violentó reconozca la conducta cometida y asuma su responsabilidad, así como el respeto a la digna memoria de las víctimas.
Desde las propuestas antipunitivistas comunitarias se apuesta por reparar con medidas alternativas (detención domiciliaria, trabajo comunitario, la inhabilitación en alguna profesión o área relacionada con la falta, prohibición de establecer contacto con personas determinadas, programas multidisciplinarios de educación, entre muchas otras) a las víctimas, a los agresores y a las comunidades en las que sucedieron los hechos.
Entonces… ¿cuál es el camino a seguir?
Es fundamental construir estrategias no punitivas que aporten soluciones a las víctimas, a las comunidades y a les agresores. Buscar el involucramiento de la comunidad en los procesos de restitución y reparación se aproxima más a la garantía de no repetición, pues garantiza que la conducta no recae en una misma persona, al ser atendida de manera integral impedirá que se repita. Cuando se aleja a una persona agresora del resto hay una fractura social y esto implica que, si alguien más comete el mismo acto, no existan medios para atender este hecho.
Por ello es necesario involucrar activamente a la sociedad, modificar las narrativas en torno a la cárcel como justicia y poner toda nuestra creatividad en métodos y herramientas que nos ayuden a pasar del castigo a la sanción.
En ese sentido, bajo el modelo de gobierno en el que vivimos, otra estrategia es construir compromiso político con tomadoras de decisión. Sabemos que los discursos punitivos y el ejercicio del populismo punitivio (como anunciar el aumento de penas si tal partido es elegido) es redituable en términos electorales, pero es momento de poner en primer lugar la construcción de paz y justicia en nuestras comunidades.
Otra vía importante es el compromiso post penitenciario con quienes ya están en prisión. Hay que dar seguimiento y acompañamiento a quienes han cometido una falta, para que la reintegración a su comunidad se dé en los mejores términos, permitiendo que las personas agresoras construyan también vidas libres de violencia.
Sigo pensando que es posible, que es posbile reparar las vidas y reparar las circunstancias, creo que la sociedad tiene que empezar a comprender que la gente hace lo que hace por determinadas circunstancias, no porque sea mala
Gabriela Ortíz
“Me gustaría pensar que estamos impulsando un movimiento desde los feminismos que se está replanteando todo, incluyendo también la justicia, y que se ve de frente con otro feminismo que es super punitivo”, señala Paola Zavala. Cuando pensamos a profundidad sobre el origen del sistema penitenciario y la estructura estatal como forma de organización social, nos damos cuenta de que una de las principales “ofertas del Estado” fue el garantizar que, a cambio de una pérdida de libertades, tendríamos seguridad, pues sería el Estado quien la brindaría.
Sin embargo, no es así, el Estado y su prisión no están proporcionando bienestar y son los cuerpos policiacos quienes reproducen violencia y ponen en riesgo nuestra vida.
“Creo que a lo que tenemos que apuntar es a dejar la idea de que el Estado es algo ajeno a nosotras y que es algo que no podemos tomar. El Estado no va a soltar nada y tenemos una claridad histórica de que el poder no va a ceder nada. Todos los logros de las luchas sociales nunca se han cedido, siempre se han ganado exigiéndolos, se pelea y a eso apuntamos: a que las víctimas, las familias de desaparecidos, las personas privadas de libertad, las comunidades en contacto con el sistema penal exijamos nuestros derechos”, argumenta Azucena Guerrero, coordinadora de investigación del CEA Justicia Social.
A pesar de los retos en el panorama creemos que es posible emprender nuevos caminos hacia la justicia. Nuestra apuesta pasa por cuestionar el papel de la cárcel como un dispositivo de supuesta seguridad y hace hincapié en pensar qué modelo de organización puede mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, la gestión de las violencias y desigualdades estructurales que fomentan la discrminación y dominación de unas vidas sobre otras.
Si estás interesade en saber más sobre el sistema antipunitivista y estrategias alternativas al castigo centradas en las personas y sus comunidades, entonces visita la Plataforma Liberas.