En este texto, Valeria Angola habla sobre un tema urgente acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, además de la legalización del aborto: las esterilizaciones forzadas en México.
El 8 de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia declaró que penalizar el aborto es inconstitucional en México. Por supuesto que esta resolución me llenó de dicha porque representa un importante avance para los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar.
Sin embargo, la descriminalización del aborto, del trabajo sexual, del uso de las drogas, de la migración, entre otros, hace parte de las estrategias que debemos impulsar para abolir el sistema carcelario que, dicho sea de paso, es un sistema racista, clasista y colonial.
El respeto por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes avanza, pero cojea de un pie.
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También en septiembre, circularon imágenes terroríficas de madres y padres migrantes provenientes de Haití separados de sus hijos en la frontera sur del país.
La consigna «la maternidad será deseada o no será» no es suficiente cuando se es migrante, racializada, campesina, hablante de una lengua indígena o con alguna discapacidad.
¿Quiénes sí tienen el derecho a elegir libre y voluntariamente sobre sus cuerpos? ¿Quiénes son criminalizades por las decisiones que toman con respecto a su sexualidad? ¿Cuáles maternidades son deseadas? ¿Cuáles son las descendencias que importan?
El panorama de las esterilizaciones forzadas en México
La marea verde ha olvidado otros temas de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos tan urgentes como la interrupción voluntaria del embarazo.
La otra cara de la moneda del aborto: la anticoncepción y la esterilización forzada, una situación que enfrentan en su mayoría mujeres empobrecidas, precarizadas, racializadas, con discapacidad y migrantes.
La imposición de un método anticonceptivo es una violencia que muchas mujeres en México enfrentan después de dar a luz.
Me aferro a ser madre: racismo y maternidades
Según el informe de Gire de 2015, mujeres reportaron que aceptaron implantes DIU bajo condicionantes, presiones y amenazas por parte del personal de salud del IMSS, violando principalmente su derecho a la información y a la vida privada.
Qué es el consentimiento informado
Las decisiones que tomamos con respecto a las opciones de métodos anticonceptivos dependen de la información que se nos brinde.
Los proveedores de salud tienen la responsabilidad de informar de manera clara y precisa a las personas usuarias sobre las ventajas y desventajas, riesgos, efectos secundarios, beneficios a la salud, etcétera, de cada método de anticoncepción. Ocultar o distorsionar información es una violación a los derechos humanos.
Esto detalla el informe de Gire: «Los proveedores de salud deben asegurarse de que ninguna mujer sea coaccionada o presionada para aceptar un procedimiento de este tipo y que la decisión no se tome en un momento apresurado o de crisis, como puede ser un proceso de parto».
El consentimiento informado «es un proceso de comunicación entre usuarios y proveedores de salud» que debe asegurar que las personas usuarias reciban la información necesaria para tomar decisiones libres y voluntarias, así como también debe garantizarse que las personas no estén sujetas a ningún tipo de presión o amenaza.
Mujeres encarceladas, migrantes y con discapacidad
Es importante mencionar que la anticoncepción forzada no sólo se da en contextos clínicos. Esta situación también la viven mujeres con discapacidad, privadas de su libertad y en condiciones de vulnerabilidad.
Según el informe de Gire, centros reclusión de varios estados de la República mexicana condicionan a las mujeres privadas de su libertad a recibir visitas conyugales con tal de que acepten métodos anticonceptivos.
En el mismo informe se reportan casos de contracepción forzada en mujeres con discapacidad. 40% de mujeres entrevistadas por Disability Rights International dijeron que no recibieron información clara y concisa sobre alternativas y efectos secundarios de métodos de anticoncepción. La mitad de las mujeres que fueron prescritas con algún método reportó que alguien más tomó la decisión por ellas.
Por otra parte, las cifras de mujeres detenidas en centros de reclusión para migrantes en Estados Unidos son alarmantes. Mujeres migrantes han denunciado que fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos en los cuales sus úteros fueron extraídos sin su consentimiento.
El racismo y la discriminación detrás de las esterilizaciones forzadas
Estas violaciones a derechos humanos de personas gestantes y mujeres racializadas, en condiciones de precariedad, migración, discapacidad, reclusión y pobreza, no sólo es un atentado que afecta sus vidas de manera individual, este tipo de violencias repercuten en toda la comunidad. El mensaje es claro para el colectivo: «tu descendencia no es deseada, no deberías reproducirte».
Coartar la autonomía de las vidas que no importan en relación a su sexualidad es una forma de racismo de género que se practica desde hace muchos años atrás.
Las esterilizaciones forzadas, incluso, en los primeros años del siglo XX con la impulsión de la legalización del aborto estaban estrechamente ligadas a movimientos eugenistas que pretendían «mejorar la raza» a través de la restricción de la migración y el impedimento de la reproducción de aquellos considerados débiles y desfavorecidos.
Impedir que otros y otras decidan sobre sus propios cuerpos es un tema muy poco discutido con la complejidad que merece. No se puede dejar de mencionar los casos de vasectomías hacia hombres indígenas sin su consentimiento y cómo este ha sido un recurso utilizado históricamente para mermar las potencias políticas de las poblaciones dominadas por el racismo.
Los movimientos antipatriarcales contemporáneos que se preocupan por el derecho a decidir de los cuerpos gestantes no pueden perder de vista analizar la cuestión de la autonomía a la luz del racismo, no únicamente desde el género.
Mientras vivamos bajo el orden racista del mundo, mientras el racismo siga configurando las relaciones sociales de producción, mientras haya vidas que no importan, desechables, reemplazables, exterminables, la autonomía, el derecho a decidir será un privilegio que pocas corporalidades pueden tener.
Profundicemos el debate sobre lo que significa decidir en un sistema racista que jerarquiza las vidas en unas que importan y otras que no para que podamos construir autonomías concretas y definir los términos de nuestra propia libertad.