Por Roberto Zedillo Ortega / Intersecta
Cuando hablamos de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+, solemos pensar en lo más evidente: el bullying en las escuelas, que te corran de tu casa, te despidan injustificadamente o que se nieguen a reconocer tu identidad. Todo eso es gravísimo y urge atenderlo. Pero hay otras decisiones que también impactan de lleno a la diversidad sexual y de género, aunque a simple vista parezca que no tienen relación. En este espacio nos vamos a enfocar en dos realidades: cómo los gobiernos gastan el dinero público y el peso que están ganando las fuerzas armadas. Son temas que casi no se escuchan en las consignas de las marchas del Orgullo, pero que afectan a las personas LGBTI+ tanto o más que a las demás —sobre todo si se cruzan con ser de clase trabajadora, mujer, persona racializada o persona con discapacidad.
Empecemos por el gasto de los gobiernos. En general, las exigencias contra la discriminación y la violencia se dirigen (y con justa razón) al Estado. Usualmente pedimos a las instituciones que cumplan sus obligaciones: servicios de salud sin fobias, campañas de sensibilización, educación incluyente o atención digna cuando se violan los derechos humanos. El problema es que rara vez hacemos explícito que para que esto suceda necesitamos presupuesto. Los protocolos, la capacitación al funcionariado público, los materiales educativos y el personal especializado requieren una inversión constante de dinero público; solo así se puede asegurar que el gobierno tenga la capacidad real de transformar las leyes en derechos tangibles.
Si las prioridades de los gobiernos se reflejan en el presupuesto, el panorama es preocupante: en México, las autoridades suelen destinar cantidades mínimas a resolver la discriminación y la violencia. Por ejemplo, en 2025, el gobierno federal asignó solamente 0.001% del presupuesto del año (148 millones de pesos, de un total aprobado de 9.3 billones) al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Esta es la máxima autoridad en el país para temas de igualdad y se encarga, entre otras cosas, de atender las quejas cuando se niegan derechos por identidad de género, orientación sexual o cualquier otra razón injustificada. Aunque ese presupuesto ya era 7% más bajo que el del año anterior, el gobierno volvió a recortar el monto para 2026: esta vez, asignó al Conapred únicamente 141 millones de pesos. La situación sugiere que, además de ser escasos, los recursos para la igualdad se reducen año con año.
Otro caso que podría parecer menos obvio es el de la inspección laboral, que es clave para verificar que los centros de trabajo cumplan la ley. Entre otras tareas, las personas inspectoras tienen la importantísima labor de investigar situaciones de discriminación, violencia, acoso u hostigamiento sexual en los espacios laborales. Sin embargo, como muestra un informe de Intersecta, el presupuesto federal para este rubro ha caído: tan solo entre 2014 y 2024, se redujo en un 40%. Por eso, organizaciones como Oxfam han llamado a aumentar la inversión en esta actividad. Eso permitiría contratar a más personas para inspeccionar con perspectiva de género y, en general, para hacer frente a la violencia laboral contra poblaciones históricamente discriminadas. De nuevo: para construir entornos seguros e incluyentes, hacen falta recursos públicos.
¿Qué necesitamos para que el Estado aumente su presupuesto contra la discriminación y la violencia? Hay, al menos, dos caminos: uno es aumentar los ingresos del gobierno y el otro es cambiar sus prioridades de gasto. La primera opción nos obliga a considerar reformas fiscales que permitirían cobrar más impuestos a quienes acumulan más riqueza en el país. En otras palabras, que quienes tienen más paguen más. La segunda opción nos lleva a pensar en una de las áreas a las que el gobierno federal ha destinado más recursos en los últimos años: el gasto militar.
Actualmente, las fuerzas armadas son una de las principales prioridades del gasto público en México. De hecho, en el presupuesto de este año, el dinero para las secretarías de Defensa y Marina combinadas ya solo se encuentra por debajo de lo que se asigna a Bienestar, Energía y Educación Pública. Para dimensionarlo mejor, el país gasta más en la milicia que en los ramos de salud, medio ambiente, anticorrupción, cultura, ciencia y tecnología juntos. Una muestra más: en 2021, el gobierno federal invirtió 50% más dinero tan sólo en uniformes para las fuerzas armadas que en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), encargado de las estrategias contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
La enorme cantidad de recursos que se gasta en las fuerzas armadas se justifica con la idea de que son necesarias para terminar con la violencia. Incluso, desde lo más alto del gobierno, se les ha llamado el “ángel de la guarda” del pueblo. Además, hay que tomar en cuenta que la milicia ya no solo se encarga de la seguridad: desde 2018 se les ha dado también el poder de administrar hoteles, aduanas y empresas, dirigir aeropuertos, encabezar una aerolínea, controlar la migración, construir trenes y otros megaproyectos, además de hacer labores ambientales, entre muchas otras cosas.
Sin embargo, el ejército lleva casi veinte años en la seguridad pública, y eso no se ha traducido en menos inseguridad ni violencia; de hecho, los índices de inseguridad nacional han tendido, en promedio, a subir.
¿Esto qué tiene que ver con las personas LGBTI? En pocas palabras, esa ampliación de tareas ha llevado a que las fuerzas armadas se encarguen cada vez más de actividades como vigilar calles y fronteras, realizar retenes o detener personas. Como resultado, las personas interactuamos más seguido con el sector militar y la evidencia sugiere que esta experiencia no suele ser positiva. Por ejemplo, las autoridades militares parecen usar (y abusar) de la fuerza mucho más que las autoridades civiles. Según cifras oficiales, la gente que es privada de la libertad tras una detención por las fuerzas armadas reporta recibir muchas más amenazas o disparos con armas de fuego que la gente detenida por instancias civiles. En 2021, prácticamente todas las mujeres trans privadas de la libertad detenidas por el Ejército reportaron haber vivido al menos un tipo de violencia durante su detención, y las personas bisexuales y homosexuales detenidas por soldados declararon mayores tasas de violencia sexual que las heterosexuales.1
Estas dinámicas se extienden a otros ámbitos. Recordemos cuando, en 2023, Claudia Sheinbaum —cuando era jefa de gobierno— anunció el despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX. En ese entonces, aunque el gobierno decía que la Guardia era civil, ya estaba compuesta por casi puros soldados y marinos (y al año siguiente, una reforma la incorporó formalmente a las fuerzas armadas). Pues bien: unos días después del despliegue militar, comenzaron a darse incidentes con la población. Los casos involucraron especialmente a personas detenidas por supuestos “ataques a las vías de comunicación”. Eso sucedió con al menos tres hombres a quienes se les cayó el celular en las vías, una mujer a la que se le cayó una bufanda y otra a la que se le cayeron unas aspas para lavadora.
Varias personas LGBTI también reportaron situaciones de presunta discriminación por personal militar. Por ejemplo, un hombre gay refirió que, en una estación de la Línea 2, un elemento de la Guardia Nacional comenzó a seguirlo a él y a su pareja sin motivo aparente, sin responder cuando le preguntaron si había algún problema, para finalmente gritarles a ambos “¡Pin… put…!” en cuanto abordaron el tren. De forma similar, otro joven reportó un acto de intimidación por parte de varios elementos que “realizaron comentarios homofóbicos”; en sus palabras, “no paraban de llamarme ‘princesita’ por pedirles que no nos insultaran”. El panorama es igualmente preocupante para quienes trabajan con las fuerzas armadas en sus megaproyectos (como el Tren Maya), o incluso para quienes forman parte de sus filas (donde enfrentan discriminación por vivir con VIH, ser personas con discapacidad o ejercer su maternidad).
Lo que muestran estas reflexiones es que los derechos LGBTI, como los del resto de las personas, no sólo dependen de la discriminación explícita: también están sujetos a políticas que, sean del tema que sean, pueden generar mayores vulnerabilidades. Esto va en contra de la obligación que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de toda la población.
Por eso, es urgente que desde la diversidad sexual y de género participemos en conversaciones sobre los temas que parecieran no afectarnos directamente. Hay quienes ya han abierto camino: Amicus DH y otras organizaciones han obligado a estados como Oaxaca y Guanajuato a asignar recursos para las personas LGBTI, mientras que la Contramarcha LGBTQIA+ de la CDMX se ha posicionado frontalmente contra la militarización. El mes del Orgullo es una oportunidad de alzar la voz, exigir un alto al empoderamiento de las fuerzas armadas y demandar que el gobierno destine más dinero para la igualdad.
- En el caso de la Marina, esto solo sucedía para las personas bisexuales y, en el de la Guardia Nacional, solo para las personas homosexuales. ↩︎