Por: María Fernanda Ramos Araujo, Intersecta
En colaboración con Intersecta
Quiero comenzar este artículo por asumir que hablo desde mi experiencia situada y politizada por lo que me cruza y me descruza. Desde mi lugar en el mundo y mi rol social, leo con preocupación lo que está sucediendo allá afuera y tomo este espacio y esta pluma para compartir mis preocupaciones con quienes quieran leerme y preocuparse conmigo. Quizá no sabes si estoy hablando de las funas a les integrantes de La Casa de Los Famosos, la transfobia en los Juegos Olímpicos, el fraude electoral en Venezuela, o la reforma que la Cámara de Diputades aprobó hoy a las tres de la mañana.
En esta esta ocasión te quiero hablar sobre la última, aunque quizá sería bueno darte un poco de contexto. En febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un paquete de veinte reformas constitucionales y anunció que buscaría pasarlas antes de que acabara su mandato. En pocas palabras, AMLO planteó que iba a súper reformar la constitución para “salvar al pueblo” y consolidar el legado de la 4ta Transformación.
Con la llegada del segundo semestre del año, este presagio se está haciendo realidad y a lo largo de las últimas semanas, las reformas han comenzado a ser discutidas y aprobadas por la Cámara de Diputades. Quizás para una persona no abogada o una que no siga de cerca los desencuentros políticos del país, una reforma más o una reforma menos a la Constitución podría parecer no tener mucho significado y trascendencia en la vida diaria. El tema es que este paquetote de reformas sí va a tener grandes repercusiones en la vida de todes quienes habitamos el país.
Una de las cosas que más me preocupa es que un gobierno que se dice popular, no esté haciendo más por socializar todos los cambios que proponen estas reformas y por escuchar a quienes piensan diferente. O que no utilice los mecanismos que tanto ha impulsado, como las consultas populares, para preguntarnos a todes si queremos estos cambios o no.
Me preocupa que se esté empujando un rediseño institucional tan profundo a escondidas, entre murallas, metralletas y violencia hacia les manifestantes; entre clubes de Tobi que no vivirán todos los días la magnitud de los cambios que estas reformas representan.
Y es que las reformas impulsadas por el presidente implicarán cambios sobre toda la vida pública del país: la inclusión de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, la eliminación de los órganos autónomos, reformas a la vivienda, la salud, el esquema de pensiones; la ampliación de los megaproyectos, la reducción de diputaciones y senadurías, y un montón de cosas que no sé ni en qué momento se supone que van a suceder.
La propuesta de reforma que hoy fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputades, y que ha sido la más controversial de todas, es la que propone cambios al Poder Judicial. Se aprobó a las tres de la mañana entre centenas de policías, en una sede provisional en la Magdalena Mixihuca porque las personas manifestantes impidieron la entrada a San Lázaro. Fue aprobada con la abrumante cantidad de 359 votos a favor y solo 135 en contra, mientras estudiantes de derecho y personal del poder judicial intentaban ingresar al deportivo.
Pero, ¿qué es lo que hace a esta reforma tan controversial? ¿Cuál es el contenido de esta reforma? En poquísimas palabras, la reforma propone tres grandes cosas:
- Que todas las personas juzgadoras del país sean elegidas mediante elección popular.
- Que se creen dos órganos nuevos: un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
- Que se modifiquen reglas procesales muy importantes, como el plazo de los juicios (que ahora será de cuatro a seis meses) o el alcance de las sentencias (que ya no podrán existir sentencias que nos afecten a todes).
A pesar de que hay muchos puntos de la reforma que podrían tener repercusiones negativas en la vida de todes– como los cambios a las reglas procesales en materia de amparo, en este texto me centraré en la propuesta de modificar las reglas de elección de los miembros de la judicatura.
Este es el punto de la reforma que ha enardecido a todo el poder judicial y ha provocado un paro nacional de labores entre sus integrantes, así como múltiples manifestaciones encabezadas por el gremio de la abogacía mexicana y sus aspirantes. La respuesta por parte de las personas que empujan la reforma, es que quienes protestan están enojades porque van a perder sus privilegios, y que si cualquiera puede cocinar, cualquiera puede juzgar (énfasis –burla– añadido).
Como alguien que trabaja en temas de derechos humanos, también me preocupa la reforma. Y lo que me preocupa no es que unes cuantes vayan a perder sus privilegios, sino que puede profundizar la desigualdad en que se encuentran las personas que justamente no los tienen.
Y es que fuera de hablar de las cosas buenas que ha hecho el poder judicial (que son muchas), o las deficiencias que tiene (que también son bastantes), yo quisiera aportar a la conversación las lecciones que nos han dejado otros países que han redefinido sus concepciones de justicia a través de la elección popular de personas juzgadoras.
¿A quién obedecen les jueces electes?
México no es ni el primero, ni será el último país que ponga sobre la mesa la posibilidad de elegir popularmente a la judicatura. En realidad, la legitimidad democrática de las personas juzgadoras es una discusión perenne, que persigue al diseño mismo de la división tripartita de poderes. Considero que esta es una discusión nutritiva para la democracia, para la judicatura y para la justicia. Cuestionar el lugar de los jueces en nuestro mundo, su cercanía con las personas; desde dónde y por qué juzgan— cómo juzgan, no son preguntas tontas.
También creo que reimaginar maneras de hacer las cosas es de valientes. Pero para ser valientes y no caer en la soberbia, hay que voltear a ver a las sociedades que recorren los caminos que pretendemos caminar. En ese sentido, es necesario analizar lo que pasa en Estados Unidos y Bolivia, los dos países que actualmente andan por el camino de una judicatura electa por la ciudadanía.
Para juzgar, primero hay que llegar: el caso de Bolivia
La consolidación del sistema de elección de personas juzgadoras en Bolivia ha sido tan tumultuosa e inestable que no ha sido posible estudiar a plenitud qué sucede con las personas juzgadoras una vez que comienzan a participar en la vida pública bajo reglas del juego distintas.
Bolivia cambió a un sistema de elección popular de algunas de sus personas juzgadoras luego de reformar su Constitución en el año 2009. En dicha reforma se mandató que las personas juzgadoras que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura fueran elegidas democráticamente, y en 2011 se llevó a cabo la primera jornada electoral para elegir a 28 miembros de la judicatura. La primera jornada de elecciones tuvo muchas deficiencias, las principales siendo que no hubo criterios claros y medibles de selección de candidates y que la participación ciudadana fue muy baja, pues estaba prohibido hacer campaña electoral y el gobierno no se esforzó en informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral.
Desde entonces debieron de haber sucedido dos jornadas más de elección de personas juzgadoras: una en 2017 y una en 2023. La de 2017 sucedió con tantas deficiencias como la primera, y la segunda no ha sucedido. A pesar del mandato constitucional de elección sexenal de personas juzgadoras, el disenso y la polarización de los otros poderes del Estado boliviano provocó un atraso en las elecciones y apenas se calendarizaron para el 1ro. de diciembre de 2024. Este retraso en las elecciones provocó que las personas que actualmente ostentan los cargos jurisdiccionales que debían haberse votado en 2023, se “autoprorrogaran” sus nombramientos, lo que ha causado aún más riñas entre la política boliviana, y ha generado inseguridad jurídica para la ciudadanía, ya que hay quienes aseguran que todos sus actos desde el 31 de diciembre de 2023, el día que terminaban su mandato, son nulos.
La crisis institucional por la que pasa Bolivia puede ser una muerte anunciada para México porque la propuesta de reforma constitucional se parece a la apuesta boliviana justamente en los tres ámbitos que han mostrado ser más retadores para nuestres vecines del sur: (1) los criterios de selección de las personas juzgadoras; (2) las prohibición de hacer uso de dinero público o privado para participar en las campañas electorales y (3) la injerencia de los otros poderes en la preselección de les candidates.
Esto, además, sin tomar en cuenta que otras diecinueve reformas súper complejas y retadoras van a estar sucediendo al mismo tiempo y que en México estaríamos eligiendo a todas las personas juzgadoras federales —y posiblemente locales— del país, no solo a unas cuantas.
Lo preocupante de una parálisis institucional de esta magnitud son las afectaciones que tendría en el derecho al acceso a la justicia de todas las personas que se encuentren resolviendo sus controversias a través de procedimientos jurisdiccionales, quienes se quedarían a la espera, expectantes y sin justicia, de que personas en el poder con motivaciones políticas muy contrarias se pongan de acuerdo.
Es posible que esta sea una preocupación sin sentido y que, contra todo pronóstico, logremos implementar procesos electorales exitosos, sin retrasos, con altas tasas de participación y con entregas de gabinete ordenadas y eficientes. Sin embargo, pasado ese obstáculo, apagado ese fuego, aún miro con recelo la idea de elegir a la judicatura mediante voto popular, ya que la experiencia estadounidense nos ha mostrado que esto sí afecta la manera en que las personas electas juzgan, y no precisamente para bien.
Juzgar por los derechos de todes o por los intereses de quienes te eligieron: el caso de Estados Unidos
En Estados Unidos existe un sistema híbrido de elección de personas juzgadoras muy complejo, pero que ha sido capaz de consolidarse orgánicamente. Básicamente, allá todas las personas juzgadoras federales son nombradas, pero votan a las personas juzgadoras estatales en 40 de los 51 estados de la república. La manera en la que deciden quiénes serán las personas juzgadoras son diversas. En algunos estados, las personas juzgadoras son parte de los partidos políticos; en otros, son apartidistas. Y en otros estados, se vota solamente la continuidad de su nombramiento, sin contendientes.
Lo que no cambia es que, en todos los estados, las personas juzgadoras electas o ratificadas popularmente juzgan según las preferencias de su electorado e ignoran los casos controversiales que podrían significar un castigo en las urnas.
Una podría pensar que personas juzgadoras que sentencien conforme a las preferencias de la ciudadanía es exactamente lo que queremos. Y, aunque en papel esto puede sonar muy bueno, la realidad es mucho más compleja. No todas las personas piensan como nosotras, ni tienen en mente los intereses de las personas en situación de desigualdad. De hecho, la misma construcción de la desventaja y la desigualdad es en relación con otro grupo que sí goza de aquello que tú no tienes. Por lo que en estados conservadores, o profundamente desiguales, las personas juzgadoras muy posiblemente votarán en contra de poblaciones en situación de vulnerabilidad, con el fin de continuar agradando a quienes las llevaron al poder.
En Estados Unidos esta posibilidad se ha materializado en diversas formas. Por ejemplo, hay estudios que muestran cómo las personas juzgadoras electas son más punitivas que aquellas que fueron nombradas, y que cerca de las elecciones, sus sentencias son más severas y admiten menos apelaciones. En particular, un estudio que analizó el comportamiento de 645 personas juzgadoras electas reveló que justo antes de las elecciones todas las personas juzgadoras emitieron sentencias que condenaban de 12 a 16 meses extra de prisión. Al sumar todo el tiempo adicional que se condenó a las personas a pasar en prisión para agradar al electorado, tenemos que el deseo de reelección de las personas juzgadoras le costó más de dos mil años adicionales de prisión a las personas enfrentando procesos penales. La elección de personas juzgadoras no solo afecta a las personas culpables: Joshua Boston y Bernardo Silveira también encontraron que las personas juzgadoras electas a través de voto popular tienden a encontrar culpables a más personas que aquellas que no son elegidas de esta manera.
En México, donde año con año entran a la cárcel cada vez más personas inocentes, situación que solo se agravará con la entrada en vigor de otra de las iniciativas parte del megapaquete de reformas en materia de prisión preventiva oficiosa; y donde se condena a personas a 40 años de prisión por cobrar una tanda de 500 pesos, cualquier reforma que debilite los principios del debido proceso y castigue más por menos y con menos, debe ser mirada con recelo.
Otro tema que ha sido afectado por las preferencias de la ciudadanía es el matrimonio igualitario. Al igual que en México, en Estados Unidos el matrimonio igualitario se ha ido ganando poco a poco, a través de decisiones judiciales. En estados donde las personas juzgadoras son elegidas popularmente, estas han enfrentado repercusiones severas por fallar a favor del matrimonio igualitario. Un ejemplo es Iowa, que fue pionero en la lucha por el derecho a casarse. Allí, las personas juzgadoras que votaron a favor de terminar con la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo fueron víctimas de campañas antielección que instaban al electorado a castigar a les jueces activistas y no reelegirles, lo que causó el término de mandato de tres de las personas juzgadoras. Una vez que se federalizó el matrimonio igualitario, mientras que en los estados con personas juzgadoras nombradas de por vida se acató rápidamente el precedente de la libertad matrimonial, aquellas personas juzgadoras elegidas popularmente retrasaron, con hostilidad, los procedimientos judiciales en la materia. El análisis de las sentencias emitidas sobre este tema ha llegado a una conclusión muy clara: entre más político sea el método de elección de la judicatura, menos apoyo hay al matrimonio igualitario.
Es muy probable que de este lado del charco veamos retrocesos aún más severos en materia de derechos humanos una vez que se instaure la elección directa de toda la judicatura. La realidad es que los derechos humanos son contramayoritarios y muchos de los espacios que se han ganado en materia de derechos de las mujeres, población LGBTQ+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad han generado el enojo y desaprobación de gran parte de la sociedad. Desafortunadamente, las personas juzgadoras que vendrán no se deberán a los grupos en desventaja sistémica, se deberán a sus votantes.
Esta es una preocupación por la que creo que vale la pena dar un paso atrás y cuestionar a los Poderes del Ejecutivo y Legislativo qué van a hacer para asegurarse que esto no suceda, cómo van a garantizar los derechos humanos de grupos que no han alcanzado la igualdad sustantiva en nuestra sociedad y que continúan siendo toralmente diferentes ante sus ojos.
Aunque AMLO ha dicho que cualquiera puede juzgar porque allá afuera ya “hay tesis, jurisprudencia, […] o sea, lo que se estudia, lo que se ve en la facultad de derecho”, creo que parece olvidar o desconocer que las personas juzgadoras son quienes construyen todo eso a través de sus sentencias, y que el mundo ya ha visto como aquellas que son elegidas popularmente, lo destruyen.