La ley garrote: por qué los estados están criminalizando la rabia feminista

Te contamos de la «ley garrote» en Querétaro y cómo en todo el país se está restringiendo el derecho de las mujeres a organizarse y a tomar el espacio público.

Seguir organizadas durante la pandemia ha sido cansado y doloroso, sobre todo cuando no podemos juntarnos de la misma manera con nuestras amigas o compañeras de lucha.

Y, mientras tanto, la violencia contra las mujeres, así como la represión policial, no han parado.

Hace unas semanas, en Querétaro se aprobó un paquete de reformas denominado coloquialmente como “la ley garrote”, que tipifica delitos como protestar en contra de la realización de obras públicas o la “apología a cometer un delito en las manifestaciones sociales”. 

Además, le da poder a las “autoridades competentes”  para intervenir antes de que se ejecute algún saqueo, daños o “actos violentos a los establecimientos”, y señala como responsables a las personas convocantes, sin importar  si lo realizaron o no. 

La ley garrote es una señal más de que la lucha necesita descentralizarse, porque este 2020 hemos visto violencia en manifestaciones feministas en Estado de México, Guanajuato, Guadalajara y Quintana Roo.

La violencia policial en México

¿Por qué nuestro enojo, rabia o miedo tendría que llevarnos a la cárcel o ser titular en los medios de comunicación porque nos llaman vandálicas? 

Portar una capucha negra no debería ser motivo para criminalizarnos, tampoco poner en las paredes el nombre de nuestras hermanas, hijas, madres o compañeras asesinadas. 

Es hora de admitir que la violencia policial es sistémica y responde a un sistema carcelario, racista y misógino, porque es más probable que la policía te inculpe si eres una persona morena o negra. 

Angela Davis, desde el feminismo negro, decía que “reivindicar la reforma del sistema policial y penitenciario es mantener el racismo que estructuró la esclavitud.”

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 7 de cada 10 personas detenidas en el país sufrió amenazas o agresiones por parte de la autoridad que lo detuvo. 

Además, las diferencias de tortura o maltrato por género son considerables: mientras que a la población penitenciaria masculina se le agrede más a través de golpes, patadas y se le cubre más frecuentemente la cabeza.

Mientras tanto, las mujeres son víctimas de mayor violencia sexual, de amenazas y agresiones que lastiman a sus familiares.  La violencia sexual es tres veces más alta en mujeres.

En 2019, el World Justice Project concluyó en su informe “Cuánta tortura” que la violencia perpetrada por actores estatales tiene lugar, principalmente, porque diversas autoridades creen que mediante la tortura pueden obtener evidencia válida para probar un delito. En segundo lugar, se usa con fines de control social o castigo dentro del sistema penitenciario.

Si esto ya es posible bajo el sistema de seguridad y de justicia, ¿qué significa aprobar reformas al código penal para legitimar la criminalización de la protesta? 

La importancia de tomar el espacio público

En Querétaro, la violencia hacia las feministas, que son criminalizadas con discursos religiosos, es legitimada desde las instituciones, los medios de comunicación y los servidores públicos. 

Aquí, si una raya, es exhibida y amenazada por alguna funcionaria pública de pañuelo azul.

Así lo vivimos el 28 de septiembre, cuando en el histórico acueducto de la capital aparecieron históricas pintas a favor de la despenalización del aborto, en el estado con el marco legal más restrictivo  para acceder a una interrupción legal del embarazo.

El espacio público nunca ha sido nuestro: no porque no hayamos querido, sino porque sus violencias nos obligaron a ser domésticas. Pero en lo doméstico tampoco existimos porque nos matan. Por eso, congregarnos para protestar, adquiere un sentido sumamente político y emancipador. 

Las protestas significan democratizar lo invisible, lo olvidado, lo otro. Tomamos los espacios públicos para reencontrarnos con las otras o con nosotras mismas.

Ahí nos juntamos todas a cantar, a bailar, a compartirnos, a escucharnos. A organizarnos para exigir lo que nos han negado, para gritar lo que nos han quitado: la libertad de estar seguras. 

Con la ley garrote, se nos amedrenta para dejar las calles que tomamos cuando salimos a protestar; nos golpea la espalda para que nos quedemos calladas y desarticuladas porque así le gusta al Estado: en silencio y sin incomodar.