El caso de las mujeres de Atenco llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

mujeres de atenco

Foto. @CorteIDH

“Han pasado 11 años y no he podido reconstruir mi vida por completo. Es más, ni siquiera sé si eso sea posible” es una de las frases que mencionó hoy, 16 de noviembre, Bárbara Italia Méndez Moreno durante su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ella, junto con Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas, presentó una denuncia en contra el Estado Mexicano por los delitos de violación, tortura y abuso de poder a los que fueron sujetas en 2006 a manos de las autoridades en San Salvador de Atenco, Estado de México, y buscan, por fin, poder obtener justicia en un país en el que las mujeres son violentadas todos los días.

Los antecedentes

En mayo de 2006 –cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Vicente Fox presidente de México– se llevó a cabo un violento enfrentamiento entre elementos de la policía y habitantes de las comunidades de Texcoco y San Salvador de Atenco.

Según reporta BBC, “dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas y más de 200 personas resultaron detenidas”, y fue en medio de ese despliegue de abuso de poder que las ahora conocidas como “Mujeres de Atenco” fueron privadas de su libertad, humilladas, violadas y encarceladas (algunas durante días y otras incluso por años) por supuestos crímenes que jamás pudieron comprobarles.

¿Qué pasó después?

Tristemente, y como pasa muchas veces en nuestro país por culpa de la impunidad y la corrupción, nada.

Cuando las mujeres denunciaron las abusos sexuales por parte de la policía, las autoridades, lejos de ayudarles, las tacharon de mentirosas y las revictimizaron haciendo preguntas sobre sus vidas personales que poco o nada tenían que ver con el caso. De hecho, el propio Peña Nieto desacreditó sus testimonios mencionando al diario La Jornada: “Hay que dar la dimensión al tema. Parece que para todo se pretende afirmar que a partir de los sucesos de Atenco la policía tiene por norma las violaciones…. También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato”.

Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas, “en noviembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso, ante ‘la falta de una respuesta adecuada para reparar las violaciones de sus derechos, particularmente la falta de investigación y sanción de todos los responsables por los graves hechos'”, según reportó Animal Político.

Aunque en marzo de 2013 el Estado admitió su responsabilidad en el caso de las mujeres de Atenco, no ha tomado las acciones necesarias para dar seguimiento al caso y resarcir los daños causados a las afectadas, y es así como ahora se llega al juicio del caso “Selvas Gómez y otras Vs. México” en la Corte Interamericana. “Exigimos justicia, que se esclarezca lo que ocurrió y que sea de conocimiento general. Fuimos señaladas y estigmatizadas. Nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad”, mencionó Norma Aidé Jiménez.

San José, Costa Rica, es el escenario donde se están llevando a cabo las audiencias los días 16 y 17 de noviembre, a fin de que las mujeres de Atenco expongan su caso ante un panel de jueces internacionales y, posteriormente, se emita una sentencia.

¿Qué podría pasar tras el fallo de la Corte?

La CIDH tiene varias funciones, la principal es examinar casos y emisión de sentencias en las que se declara la responsabilidad internacional de los Estados. Otra es dar seguimiento al cumplimiento de los Estados en los puntos resolutivos de las sentencias.

Por ejemplo, en un caso sobre la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, el 16 de noviembre de 2009, la Corte emitió su sentencia en contra del Estado Mexicano. De dicha sentencia se dieron las siguientes recomendaciones:

Las tres peticiones fueron cumplidas, sin embargo, el resultado dejó un hondo desaire. Cuando se inauguró el monumento, tanto el entonces presidente Felipe Calderón, el gobernador del Estado, César Duarte Jáquez y el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal no asistieron; todos enviaron representante a la ceremonia. Se suponía que ahí mismo los gobernantes asumirían la responsabilidad, pero el monumento no estuvo listo para ese día y entre abucheos por parte de los familiares de las víctimas ya no se realizó tal como debía ser el acto solemne.

En el caso Atenco ha habido peticiones similares; además del reconocimiento público de la culpa, el gobierno podría comprometerse a cumplir algunas otras sanciones. “A mí me sería muy reparador si la corte, a través de la sentencia, podría obligar al estado a acompañar a este centro de atención para mujeres que, como nosotras, sean sobrevivientes de tortura sexual”, pidió Norma Aidé.

Este viernes concluirán los testimonios de las mujeres de Atenco. Se espera que la corte dé su fallo en 2018.

 

**Esta historia se está desarrollando actualmente y la actualizaremos según se desarrollen las audiencias con la CIDH.